En un comentario editorial que se publicará en breve en la Revista electrónica de Derecho del Consumo (ReDeco), titulado “El (mal) ejemplo del aeropuerto de Barcelona: ¿Quién le pone el cascabel al gato?”, se critica la gestión pública de las consecuencias derivadas de la huelga sin preaviso de los empleados de Iberia que tuvo lugar en el aeropuerto de Barcelona a finales del mes de julio de 2006.
En dicho editorial se subraya que la indefensión de los consumidores ante la proliferación de huelgas salvajes (sistemáticamente premiadas con la concesión de lo que se exige), la falta de medidas obligatorias de asegurar realmente unos servicios mínimos y en especial la información de los usuarios ha alcanzado niveles inaceptables.
No obstante, donde más se echa en falta la adopción de las medidas oportunas es en relación con la pésima gestión por parte de las autoridades competentes (?) de este tipo de situaciones. El gobierno español y los organismos autónomos que dependen de él son los responsables directos de no pocos obstáculos a la movilidad de los ciudadanos: aeropuertos inadecuados (como la megalomaníaca nueva terminal de Barajas, aparcamientos a precios prohibitivos, falta de conexiones intermodales, etc.), complicidad con la falta de transparencia de las compañías de bajo coste (el precio anunciado en Internet suele doblarse en sólo segundos), etc.
Como conclusión se plantea la pregunta de quién protege a los consumidores de la mala gestión por parte de las autoridades públicas… ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Información facilitada por el "Centro Europeo para el Derecho del Consumo
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