La iniciativa legislativa busca subsanar un vacío legal. En efecto, actualmente la atención de estos conflictos carece de un marco legal específico y el Estado no cuenta con un interlocutor precisado en la ley ni reacciona con diligencia asignando recursos para contratar abogados y plantear su estrategia de defensa.
Pero no sólo se trata de un mecanismo centralizado que permita al Estado Peruano dar una respuesta eficaz a las potenciales controversias con los inversionistas, nacionales y extranjeros. El proyecto además establece criterios unificadores para la redacción de cláusulas de solución de controversias y asimismo impulsa la sistematización de toda la información relativa a acuerdos y tratados de inversión que remitan al Estado a mecanismos internacionales de solución de controversias.
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