Chile.
El rol que tienen DICOM y el boletín comercial en lo relativo a la certificación de la información sobre el cumplimiento económico de las personas naturales y jurídicas, analizará la Comisión de Economía en el marco del estudio que realiza del proyecto, en primer trámite, que deroga el decreto supremo N° 950, del Ministerio de Hacienda, de 1928.
Así lo afirmó el senador Jorge Pizarro, presidente de dicha instancia, quien señaló que para la sesión del próximo martes “invitamos a los representantes de la Cámara de Comercio de Santiago y a las instituciones que operan DICOM para conocer cómo funciona exactamente el sistema. Además, pedimos información sobre legislación comparada para saber cómo se aborda este tema en países más desarrollados”.
La iniciativa, que tiene su origen en una moción del senador Carlos Ominami, pretende derogar el decreto que estableció el monopolio del denominado boletín comercial de la Cámara de Comercio de Santiago, a fin de terminar con los cobros abusivos, por concepto de la aclaración de las deudas.
Sin embargo, el senador Pizarro aclaró que “nos interesa determinar claramente cuál es el rol que hoy juega el boletín comercial que sirve de base para el otorgamiento de créditos, de tarjetas, de ventas a plazos o ventas de cuotas de pagos a las personas en cualquier actividad comercial que desarrolle”.
Agregó, que “queremos saber cómo se administra la información y los efectos que produce en la vida de las personas, o en decisiones que no tienen nada que ver con el cumplimiento de una obligación comercial. Por ejemplo, nos preocupa mucho que se use la información de DICOM que está elaborada sobre la base de datos del boletín comercial para seleccionar personas que buscan trabajo”.
El senador Pizarro explicó que “esto significa una violación a la intimidad de las personas y gatilla un círculo vicioso porque las personas que están en DICOM, en general, están cesantes y, por lo tanto, no pueden cumplir con sus obligaciones comerciales. Si a eso le sumamos que no les dan trabajo por estar en DICOM entonces tenemos un mal uso de la información”.
El legislador añadió que “no es tan simple eliminar el decreto que creó el boletín comercial porque significa además una suerte de fe pública de que alguien cumple o no sus compromisos comerciales. Entonces, hay que estudiar cuidadosamente el efecto que produce en todo el sistema de otorgamiento de créditos y en el mundo financiero”.
El rol que tienen DICOM y el boletín comercial en lo relativo a la certificación de la información sobre el cumplimiento económico de las personas naturales y jurídicas, analizará la Comisión de Economía en el marco del estudio que realiza del proyecto, en primer trámite, que deroga el decreto supremo N° 950, del Ministerio de Hacienda, de 1928.
Así lo afirmó el senador Jorge Pizarro, presidente de dicha instancia, quien señaló que para la sesión del próximo martes “invitamos a los representantes de la Cámara de Comercio de Santiago y a las instituciones que operan DICOM para conocer cómo funciona exactamente el sistema. Además, pedimos información sobre legislación comparada para saber cómo se aborda este tema en países más desarrollados”.
La iniciativa, que tiene su origen en una moción del senador Carlos Ominami, pretende derogar el decreto que estableció el monopolio del denominado boletín comercial de la Cámara de Comercio de Santiago, a fin de terminar con los cobros abusivos, por concepto de la aclaración de las deudas.
Sin embargo, el senador Pizarro aclaró que “nos interesa determinar claramente cuál es el rol que hoy juega el boletín comercial que sirve de base para el otorgamiento de créditos, de tarjetas, de ventas a plazos o ventas de cuotas de pagos a las personas en cualquier actividad comercial que desarrolle”.
Agregó, que “queremos saber cómo se administra la información y los efectos que produce en la vida de las personas, o en decisiones que no tienen nada que ver con el cumplimiento de una obligación comercial. Por ejemplo, nos preocupa mucho que se use la información de DICOM que está elaborada sobre la base de datos del boletín comercial para seleccionar personas que buscan trabajo”.
El senador Pizarro explicó que “esto significa una violación a la intimidad de las personas y gatilla un círculo vicioso porque las personas que están en DICOM, en general, están cesantes y, por lo tanto, no pueden cumplir con sus obligaciones comerciales. Si a eso le sumamos que no les dan trabajo por estar en DICOM entonces tenemos un mal uso de la información”.
El legislador añadió que “no es tan simple eliminar el decreto que creó el boletín comercial porque significa además una suerte de fe pública de que alguien cumple o no sus compromisos comerciales. Entonces, hay que estudiar cuidadosamente el efecto que produce en todo el sistema de otorgamiento de créditos y en el mundo financiero”.
FUNDAMENTOS DE LA MOCION
La iniciativa presentada por el senador Carlos Ominami se fundamenta en la “vulneración a la intimidad que significa la entrega de información sobre los compromisos económicos de las personas, pues el sistema no discrimina entre quien debe 3 mil pesos o 3 millones”.
Asimismo, “muchas personas pese a que regularizan sus compromisos económicos, siguen apareciendo en el sistema como deudores, ya que no han cancelado a la cámara un ítem para la aclaración de las deudas. La legislación chilena hoy establece que nadie puede transmitir información que no sea fidedigna; no obstante, el boletín comercial sigue haciéndolo, y gana más de 3 mil millones de pesos al año, por un negocio absolutamente ilegítimo”, dijo Ominami.
El parlamentario agregó que dichas deudas debieran ser aclaradas de manera automática una vez canceladas. “Las personas ya tienen muchas dificultades para solucionar esas deudas, por lo que me parece un completo abuso el tener que pagar por la aclaración”, enfatizó.
Indicó que es necesario que exista un sistema de información comercial, pero no sobre la base de cobros abusivos. “Queremos que exista una definición drástica, que se termine con el monopolio, que se pueda abrir paso a una licitación en la que otras empresas puedan participar”, puntualizó el senador.
La iniciativa presentada por el senador Carlos Ominami se fundamenta en la “vulneración a la intimidad que significa la entrega de información sobre los compromisos económicos de las personas, pues el sistema no discrimina entre quien debe 3 mil pesos o 3 millones”.
Asimismo, “muchas personas pese a que regularizan sus compromisos económicos, siguen apareciendo en el sistema como deudores, ya que no han cancelado a la cámara un ítem para la aclaración de las deudas. La legislación chilena hoy establece que nadie puede transmitir información que no sea fidedigna; no obstante, el boletín comercial sigue haciéndolo, y gana más de 3 mil millones de pesos al año, por un negocio absolutamente ilegítimo”, dijo Ominami.
El parlamentario agregó que dichas deudas debieran ser aclaradas de manera automática una vez canceladas. “Las personas ya tienen muchas dificultades para solucionar esas deudas, por lo que me parece un completo abuso el tener que pagar por la aclaración”, enfatizó.
Indicó que es necesario que exista un sistema de información comercial, pero no sobre la base de cobros abusivos. “Queremos que exista una definición drástica, que se termine con el monopolio, que se pueda abrir paso a una licitación en la que otras empresas puedan participar”, puntualizó el senador.
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