El proceso judicial que se ha iniciado en España para resarcir a los 400.000 afectados de la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa ha abierto una polémica por lo que se refiere a la oportunidad de implicar en la defensa de los dannificados a las asociaciones de consumidores que ofrecen sus servicios intentando captar nuevos socios para hacerse cargo de su defensa jurídica.
En efecto, bajo el reclamo de un gratis total y al amparo de las subvenciones concedidas por el Gobierno español, que en ningún caso, cubren las necesidades del colectivo de perjudicados, se corre el riesgo de crear falsas expectativas para los estafados.
Aunque el Gobierno ha concedido una subvención de dos millones de euros a diez asociaciones de consumidores del Consejo de Consumidores y Usuarios, dicha subvención para financiar los procedimientos judiciales de los afectados parece ya insuficiente.
Según la información disponible, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece defensa judicial gratuita a todos los que lo deseen, sin tener la obligación de hacerse socio, pero reconoce que «si el presupuesto no lo cubre todo, al final se le pedirá una cantidad a los afectados».
Por su parte, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) también asesora de forma gratuita sin tener que asociarse, pero el próximo 12 de junio se celebrará una reunión para analizar el coste del equipo jurídico que llevará el proceso y que dependerá del número de clientes. Probablemente, la subvención del Gobierno sólo servirá para gastos de infraestructuras, pero nada más.
Otras asociaciones de ámbito territorial más limitado, como la OCUC de Barcelona, también facilitan asesoramiento a los interesados.
Información facilitada por el “Centro Europeo para el Derecho del Consumo”
En efecto, bajo el reclamo de un gratis total y al amparo de las subvenciones concedidas por el Gobierno español, que en ningún caso, cubren las necesidades del colectivo de perjudicados, se corre el riesgo de crear falsas expectativas para los estafados.
Aunque el Gobierno ha concedido una subvención de dos millones de euros a diez asociaciones de consumidores del Consejo de Consumidores y Usuarios, dicha subvención para financiar los procedimientos judiciales de los afectados parece ya insuficiente.
Según la información disponible, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece defensa judicial gratuita a todos los que lo deseen, sin tener la obligación de hacerse socio, pero reconoce que «si el presupuesto no lo cubre todo, al final se le pedirá una cantidad a los afectados».
Por su parte, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) también asesora de forma gratuita sin tener que asociarse, pero el próximo 12 de junio se celebrará una reunión para analizar el coste del equipo jurídico que llevará el proceso y que dependerá del número de clientes. Probablemente, la subvención del Gobierno sólo servirá para gastos de infraestructuras, pero nada más.
Otras asociaciones de ámbito territorial más limitado, como la OCUC de Barcelona, también facilitan asesoramiento a los interesados.
Información facilitada por el “Centro Europeo para el Derecho del Consumo”
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