Frente a la crisis financiera que se vive a nivel mundial, donde cada vez se proyectan mayores despidos y bajas del personal, las empresas argentinas se ven obligadas a recurrir a ciertos institutos legales para lograr bajar sus costos laborales y así poder mantenerse a flote.
Además, el Ministerio de Trabajo se suma más que nunca a la decisión del Gobierno de impedir los despidos y recurre a las facultades que le da la Ley Nacional de Empleo, que establece el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un mecanismo aplicado en estas últimas semanas con la finalidad de preservar el empleo. Esta herramienta obliga a las empresas a presentar anticipadamente, ante la cartera laboral, una comunicación sobre las suspensiones, despidos e incluso reducción de la jornada de trabajo por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas.
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Desde la Confederación General Económica (CGE) expresaron satisfacción por la sentencia que obliga a las firmas a pagar más de $300 millones.
El presidente de la Confederación General Económica (CGE) metropolitana, Guillermo Gómez Galizia, celebró el fallo de la Justicia que condenó a cinco cementeras a pagar más de $300 millones, al opinar que corrobora las denuncias realizadas por su entidad "sobre conductas monopólicas responsables de aumentos de precios".
El presidente de la Confederación General Económica (CGE) metropolitana, Guillermo Gómez Galizia, celebró el fallo de la Justicia que condenó a cinco cementeras a pagar más de $300 millones, al opinar que corrobora las denuncias realizadas por su entidad "sobre conductas monopólicas responsables de aumentos de precios".
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